La diputada Lorena de la Garza, junto con integrantes del Grupo Legislativo del PRI y del PRD, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Administración Financiera del Estado de Nuevo León.
Esta propuesta busca garantizar que cualquier solicitud de deuda destinada a obras públicas sea respaldada por proyectos ejecutivos, estudios técnicos y financieros.
El objetivo es asegurar que las obras financiadas con recursos públicos respondan a necesidades reales y generen un impacto positivo en la ciudadanía.
Durante su intervención, la diputada destacó la grave situación de endeudamiento que enfrenta Nuevo León. Según datos del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, cada habitante del estado debe más de 17 mil 500 pesos, lo que posiciona a Nuevo León como el estado más endeudado del país.
“Entendemos que todos los gobiernos operan con deuda, pero debe ser justificada y bien utilizada. La improvisación y la falta de planeación estratégica no pueden seguir siendo la norma. Esta reforma no es una afrenta política, es una necesidad para garantizar justicia presupuestal y eficiencia en el uso de los recursos públicos”, declaró Lorena de la Garza.
La reforma propuesta establece que cualquier solicitud de deuda deberá incluir Proyectos ejecutivos completos que detallen la obra, así como Estudios técnicos y financieros que respalden la viabilidad, beneficios y necesidad del endeudamiento solicitado.
Señaló que pronto se aprobará un presupuesto para el estado, sin embargo, la diputada señaló que el paquete fiscal para 2025 presentado por el gobernador Samuel García contempla una solicitud de deuda de 17 mil 500 millones de pesos, pero carece de los estudios y proyectos que justifiquen esta cifra, por lo que esa cantidad no se puede aprobar.
“Nuestro objetivo es frenar el endeudamiento irresponsable del gobernador y garantizar que cada peso se destine a resolver las verdaderas necesidades de la gente, priorizando obras que generen un impacto positivo y duradero”, concluyó la diputada.
Esta iniciativa será discutida en el Congreso local, donde se espera un amplio debate para alcanzar acuerdos que beneficien a todos los ciudadanos de Nuevo León.
